Seguirán pidiendo la cédula azul, a pesar de la anulación dispuesta por el Gobierno nacional
Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Señaló que esto será así hasta se dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes.
Pese a que el Gobierno de Javier Milei decidió anular el 40% de los Registros del Automotor en el país, y -entre un largo listado de cosas- determinó que no será más necesaria la cédula azul, es decir, la que habilita a conducir a una persona que no es propietaria del vehículo, en Córdoba se seguirá exigiendo en los controles policiales.
Otra de las modificaciones es que se eliminará el vencimiento de las cédulas verdes, aquellas que se otorgan a los propietarios de los vehículos y que hasta ahora tenían una vigencia de dos años.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó este viernes que se mantienen los requerimientos de la Ley vigente con respecto a la documentación solicitada para la circulación en vehículos en todo el territorio nacional.
De acuerdo a lo manifestado por dicha entidad, se seguirá exigiendo la cédula azul hasta se dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo de 2024.
“De esta manera, durante los controles vehiculares que el organismo nacional realiza junto a las jurisdicciones locales se continuará solicitando a los conductores la documentación que requiere la Ley vigente a la fecha”, publicó la ANSV.
En tanto, Miguel Ángel Rizzotti, director de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba, indicó que “No hay nada aún, porque estos cambios no han bajado a las provincias".
El funcionario provincial dijo que "Hoy -por este viernes- exigimos todo, y entendemos que una cosa es lo que pida el Registro del Automotor y otra lo que van a pedir cada provincia en sus jurisdicciones”, explicó.
Qué exige en los controles vehiculares la Policía Caminera de Córdoba
La autoridad de aplicación debe ir en consonancia con la documentación que pide para circular que la ANSV. En tal sentido, la Policía Caminera indicó que, hasta nuevo aviso, se seguirán requiriendo a los conductores los siguientes documentos:
1-Documento Nacional de Identidad (DNI).
2-Licencia Nacional de Conducir.
3-Cédula verde y/o azul.
4-Comprobante de seguro vigente.
5-Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).
6-Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.
7-Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.
https://www.cba24n.com.ar/argentina/seg ... 72df389f64
El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
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alejandromp71
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Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Los Registros del Automotor denunciarán a quienes los llamen "corruptos"
"Con profunda tristeza hemos resuelto iniciar medidas judiciales". La carta completa de AAERPA.
https://ar.motor1.com/news/719214/los-r ... corruptos/
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) anunció que denunciará ante la Justicia a quienes los llamen "corruptos" y aseguró que demandará a quienes los están llevando a la "destrucción" e "implosión".
El comunicado de AAERPA lleva la firma de su presidente, Alejandro Germano, y de los responsables de las delegaciones de esa entidad en todo el país.
La intimación de los Registros del Automotor se produce en el contexto de un plan del Gobierno de Javier Milei que anunció el cierre de oficinas, el despido de empleados, la digitalización y simplificación de todos los trámites de patentamiento y transferencia de titulares de vehículos.
Al mismo tiempo, en el Congreso avanzan proyectos de Ley para eliminar por completo estas costosas trabas burocráticas para los propietarios de vehículos. El primero de los diez pasos para la simplificación del sistema consiste en el cierre inmediato de todos los registros que llevan más de dos años intervenidos por causas de corrupción. El próximo paso será cerrar también todos los otros que llevan intervenidos menos de 24 meses.
"Con profunda tristeza les informamos, que hemos resuelto iniciar medidas judiciales como remedio último al cuadro de situación en el que se encuentran sumergidos los registros seccionales", informó AAERPA.
"Resulta paradójico que un sistema registral, que supo ser virtuoso a lo largo de 60 años, sea destruido por la inacción o por el silencio de los propios actores del sistema. Funcionarios de línea del Ministerio de Justicia y sobre todo los funcionarios del organismo de aplicación, no han hecho ver a las autoridades políticas, el camino de implosión al que nos están llevando", agregó la entidad.
Y completó: "En medio de ello se desató una campaña de descrédito de la actividad impulsada por las autoridades. El hecho de llamar corrupto al sistema registral no hace más que deslegitimar el trabajo que día a día realizamos todos los actores de la actividad. Este desprecio por nuestra profesión termina impactando fuertemente en todos y cada uno de nosotros".
El comunicado de AAERPA se puede descargar completo acá abajo.
https://cdn.motor1.com/pdf-files/nota-j ... -2023-.pdf
"Con profunda tristeza hemos resuelto iniciar medidas judiciales". La carta completa de AAERPA.
https://ar.motor1.com/news/719214/los-r ... corruptos/
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) anunció que denunciará ante la Justicia a quienes los llamen "corruptos" y aseguró que demandará a quienes los están llevando a la "destrucción" e "implosión".
El comunicado de AAERPA lleva la firma de su presidente, Alejandro Germano, y de los responsables de las delegaciones de esa entidad en todo el país.
La intimación de los Registros del Automotor se produce en el contexto de un plan del Gobierno de Javier Milei que anunció el cierre de oficinas, el despido de empleados, la digitalización y simplificación de todos los trámites de patentamiento y transferencia de titulares de vehículos.
Al mismo tiempo, en el Congreso avanzan proyectos de Ley para eliminar por completo estas costosas trabas burocráticas para los propietarios de vehículos. El primero de los diez pasos para la simplificación del sistema consiste en el cierre inmediato de todos los registros que llevan más de dos años intervenidos por causas de corrupción. El próximo paso será cerrar también todos los otros que llevan intervenidos menos de 24 meses.
"Con profunda tristeza les informamos, que hemos resuelto iniciar medidas judiciales como remedio último al cuadro de situación en el que se encuentran sumergidos los registros seccionales", informó AAERPA.
"Resulta paradójico que un sistema registral, que supo ser virtuoso a lo largo de 60 años, sea destruido por la inacción o por el silencio de los propios actores del sistema. Funcionarios de línea del Ministerio de Justicia y sobre todo los funcionarios del organismo de aplicación, no han hecho ver a las autoridades políticas, el camino de implosión al que nos están llevando", agregó la entidad.
Y completó: "En medio de ello se desató una campaña de descrédito de la actividad impulsada por las autoridades. El hecho de llamar corrupto al sistema registral no hace más que deslegitimar el trabajo que día a día realizamos todos los actores de la actividad. Este desprecio por nuestra profesión termina impactando fuertemente en todos y cada uno de nosotros".
El comunicado de AAERPA se puede descargar completo acá abajo.
https://cdn.motor1.com/pdf-files/nota-j ... -2023-.pdf
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Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
https://www.infobae.com/sociedad/2024/0 ... -vehiculo/
El Gobierno oficializó este lunes la derogación de la cédula azul para la conducción de vehículos, argumentando que este documento “carece de sustento y aplicación prácticos”. Además, estableció que la Cédula Verde no tendrá fecha de vencimiento.
El Gobierno oficializó este lunes la derogación de la cédula azul para la conducción de vehículos, argumentando que este documento “carece de sustento y aplicación prácticos”. Además, estableció que la Cédula Verde no tendrá fecha de vencimiento.
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Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
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Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Opinión: "La tuya siempre está"
Un ex funcionario describió cómo Acara maneja los fondos que los dueños de autos pagan en el Registro Automotor. El texto de Nicolás Gadano en Revista Seúl.
https://ar.motor1.com/news/721217/opini ... dano-seul/
El Gobierno argentino le declaró ayer la guerra a Acara: la asociación de concesionarios, integrada por los dueños de los principales dealers de ventas de vehículos del país, quedó en la mira al ordenarse una investigación sobre los 100 millones de dólares anuales que manejan por operaciones dentro del Registro Automotor.
La noticia de ayer fue la decisión política del presidente Javier Milei de investigar esos fondos que controla un ente privado dentro de un organismo del Estado nacional. Sin embargo, la presencia de Acara dentro del Ministerio de Justicia es una situación conocida desde hace más de 40 años (ver nota de ayer). https://ar.motor1.com/news/721132/gobie ... tra-acara/
Por ese motivo, ayer se reflotó y circuló otra vez con intensidad por las redes sociales una nota de marzo de 2021. Fue escrita por Nicolás Gadano para la Revista Seúl. En el año 2000, Gadano se desempeñó durante el Gobierno del entonces presidente Fernando De La Rúa como subsecretario de Presupuesto de la Nación, dentro de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Allí se sorprendió por la presencia de personas que ocupaban oficinas y funciones dentro del Ministerio de Justicia, pero que no eran empleados estatales: sus sueldos los pagaba la asociación de concesionarios (Acara). Estas personas tenían control sobre los ingresos, compras de insumos, estadísticas y toda la operatoria diaria de los Registros del Automotor, donde se patentan y transfieren todos los vehículos que circulan por el país.
Dos décadas después de esa experiencia, Gadano rescató sus diarios de funcionario para preguntarse por la supervivencia de los llamados "Entes Cooperadores", "un esquema oscuro que hace medio siglo financia salarios por fuera del presupuesto".
Por este motivo, y con la noticia de ayer, Motor1 Argentina le pide permiso a la Revista Seúl y a Nicolás Gadano, para reproducir este texto de marzo de 2021: "La tuya siempre está".
Texto de Nicolás Gadano
Ilustración de Odeivo
Nota publicada originalmente en Revista Seúl (Marzo de 2021)
La primera vez que escuché hablar de los Entes Cooperadores fue en el año 2000, en la Secretaría de Hacienda. Tenía 33 años, era subsecretario de Presupuesto de la Nación, y dedicaba horas a explicarles a ministros y secretarios de Estado que la situación fiscal era crítica y que no había fondos disponibles para sus proyectos y planes. En una de esas reuniones, rodeado de mis colegas subsecretarios de Coordinación, me llamó la atención un chiste que le hicieron al representante del Ministerio de Justicia: “Vos sí que no tenés problemas –le dijeron–, a vos te paga ACARA”.
No entendí el chiste, no sabía qué era ACARA, pero me sorprendió la reacción del funcionario aludido. Nervioso, serio, se aseguró de cambiar de tema y cuando terminó la reunión saludó a todos con un “los dejo” casi inaudible, para irse apurado.
Esa misma tarde, Roberto Martirene, líder histórico de la Oficina Nacional de Presupuesto, me explicó con su habitual claridad el origen del comentario, que más que un chiste era una chicana. ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, era uno de los Entes Cooperadores que gestionaban un enorme esquema de financiamiento paralelo de gastos del Ministerio de Justicia. El esquema, montado sobre los Registros de la Propiedad, le permitía a Justicia contar con recursos adicionales por fuera del presupuesto. El funcionario que dejó apresurado aquella reunión en Hacienda cobraba todos los meses más que nosotros, sus colegas subsecretarios de Estado. A su salario oficial se le sumaba el plus que le pagaba ACARA.
El esquema, iniciado varias décadas atrás con el Colegio de Escribanos, funciona hasta hoy de la misma manera: al administrar los Registros de la Propiedad (inmuebles, automotores y otros), el Ministerio de Justicia regula los montos de los cargos y aranceles que los usuarios de esos registros pagan por los trámites que allí se realizan y, con la intermediación de los entes, es finalmente el beneficiario de parte de esos recursos.
Tomemos el mundo de los automóviles y los registros automotores. Todos quienes tuvimos alguna vez que comprar o vender un auto sufrimos los costos elevados de esos trámites. Los ingresos millonarios que allí se generan son tan importantes, que no solo financian al propio negocio de los registros privados diseminados por todo el país (con un reparto siempre sospechado de responder a favores personales, familiares o políticos), sino también a otro negocio, menos conocido, administrado por ACARA para el Ministerio de Justicia.
Con los fondos netos de los gastos de los registros, en el marco de “convenios de cooperación” firmados con el propio ministerio que los regula, ACARA gestiona un universo amplio de gastos por cuenta y orden de Justicia: sobresueldos para sus funcionarios y empleados, pasajes y viáticos, compra de insumos, hasta se ocupan de las obras de infraestructura para la construcción y remodelación de inmuebles.
¿Se trata de un esquema ilegal? No. Varias leyes vigentes le dan respaldo. El decreto-ley de Onganía 17.050 de 1966 había facultado a la entonces Secretaría de Estado de Justicia a firmar un convenio de cooperación técnica y financiera entre el Registro de la Propiedad Inmueble y el Colegio de Escribanos. El convenio puso a funcionar todo lo que vino después: el Colegio de Escribanos prestaba su “cooperación técnica y financiera” a Justicia, utilizando los recursos que los usuarios pagaban por los trámites en el Registro. En 1985/86, ya en democracia, el esquema se extendió al Registro de la Propiedad Automotor con la aprobación de las leyes 23.283 y 23.412, siempre en el ámbito de la Secretaría de Justicia. La ley definió de manera detallada todos los gastos que, en favor de la Secretaría de Justicia, podía hacer el Ente Cooperador en el marco de los convenios: compra y alquiler de muebles e inmuebles; locación de obras y servicios; seguros; contratación de personal; “incentivos” para el personal estatal; gastos de viajes y viáticos. Un sistema presupuestario paralelo para todos los gastos habituales de un ministerio.
¿Y la Ley de Administración Financiera Pública? ¿Y las normas de Transparencia y Ética Pública? ¿Cómo era posible que al margen del presupuesto aprobado en el Congreso, por fuera de la cuenta única del Tesoro, sin supervisión de la Secretaría de Hacienda y los organismos de control del Estado, y con montos anuales que nadie conocía, el Ministerio de Justicia contara con una gran cantidad de fondos adicionales administrados por entidades tan insólitas como el Colegio de Escribanos y la Asociación de Concesionarios de Automotores?
El primer intento
En marzo de 2001, Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía y Daniel Artana fue designado Secretario de Hacienda. Conocía a Daniel por mi experiencia como asistente en la fundación FIEL, y me quedé a acompañarlo en la Subsecretaría. Fueron solo dos semanas en las que trabajamos exclusivamente en el armado técnico de un fuerte recorte fiscal, que apuntaba a equilibrar el presupuesto y evitar el colapso que se produjo algunos meses después.
La historia de ACARA y los gastos paralelos en Justicia me había quedado dando vueltas en la cabeza y un ajuste fiscal de semejante magnitud era una oportunidad única para cambiar el sistema e incorporar esos fondos a las cuentas presupuestarias. Entretanto, el esquema de los Entes Cooperadores crecía: en esos días supimos que funcionaba también en el Ministerio de Defensa, a través del Registro Nacional de Armas.
Teníamos información imprecisa y poco tiempo, pero logramos incluir en el decreto de necesidad y urgencia de López Murphy un artículo que establecía la prohibición expresa de utilizar los recursos de los Entes Cooperadores para pagar salarios, sumas adicionales y cualquier otro gasto de los ministerios. “El monto resultante de lo dispuesto en el presente artículo deberá ser ingresado en el Tesoro Nacional”, agregaba. El objetivo no era solamente cortar los sobresueldos y otros gastos, sino que el Tesoro se apropiara de esos fondos para contribuir a la reducción del déficit fiscal.
El DNU de López Murphy se elevó a la firma del presidente y sus ministros en la tarde del viernes 16 de marzo, pero nunca llegó a promulgarse. Reviso mis archivos y encuentro el borrador de un diario personal que escribí en esos días de gestión con la Alianza.
Esta es la entrada del viernes 16:
"López Murphy empezó a hablar a eso de las 8 de la noche. Unos minutos antes, después de la reunión con periodistas, las medidas ya estaban en Reuters. Mientras hablaba el ministro, se desató una tormenta de lluvia furibunda. Desde mi despacho llamé a Pablo Gerchunoff. 'Ha tronado el escarmiento', me dijo, y quedamos en hablar después porque estaba mirando a López Murphy por la tele. Yo tenía el discurso sobre mi escritorio. 'El Gobierno no fue lo suficientemente enérgico para mantener el rumbo fiscal…', decía Ricardo. Me dio bronca; tendríamos que haber sido mucho más duros en los recortes en el Ministerio de Defensa, pensé. Me preparé para volver a casa, ya no había mucho que hacer en Hacienda. Cuando me iba hacia la cochera, llamaron de la Privada del ministro: había un problema formal con el DNU y me pedían que esperara a la gente de Legal y Técnica que se iba a cruzar a Economía para explicármelo. No podía parar de putear. ¿Un problema con el decreto? ¿Será que estos tipos van a joder con el tipo de letra y los márgenes en el medio de este quilombo? Volví a la oficina y por las dudas le pedí a la gente de Presupuesto que no se fueran, por si había que volver a imprimir el DNU".
"Mientras esperaba, me enteré de que varios ministros se negaban a firmar el decreto y presentaban su renuncia. Estábamos en una crisis política. A eso de las 10 de la noche llegó el Secretario Legal y Técnico con un par de colaboradores. Los recibimos con el Secretario de Coordinación de Economía. Tenían en sus manos el original del DNU –pude ver mis iniciales debajo a la izquierda– firmado por López Murphy y algunos ministros más: Lombardo, Colombo y Rodríguez Giavarini. 'Hay que hacerlo de nuevo, tiene dos cosas que hay que cambiar', dijeron. La primera era una pavada formal muy menor; lo importante estaba en la segunda: pretendían que anuláramos el artículo de los Entes Cooperadores. Ahí supe que el Secretario Legal y Técnico cobraba tres lucas por encima de su sueldo y que por ese plus no pagaba Ganancias. Argumentó que todos en Legal y Técnica cobraban y que sin ese estímulo la gente se iba a enojar y se les iba a trabar todo. 'En Legal y Técnica laburamos mucho, hasta cualquier hora', me dijo. 'Todos trabajamos mucho –le contesté con un nivel de calentura atroz–. Si quieren cobrar un suplemento, organicen algo bien hecho, no este mamarracho'. No los convencí, ni ellos a mí. Dejaron el DNU sobre la mesa y se fueron a Presidencia. Volví a mi oficina, guardé el DNU en el cajón con llave y me fui a casa".
El segundo intento
En 2018 volví al Ministerio de Economía, esta vez como jefe de Gabinete de Asesores. El esquema de los Entes Cooperadores no solo había sobrevivido a los intentos de Hacienda por desarmarlo, sino que se había consolidado y expandido. Supe que en Justicia ya no había solamente sobresueldos, sino también empleados "Full ACARA", es decir, trabajadores que se desempeñaban en las oficinas gubernamentales como tantos otros, pero no figuraban en las estadísticas de empleo público. Todo su salario era pagado por su empleador: la Asociación de Concesionarios de Automotores.
También descubrí que el largo brazo de los convenios con Entes Cooperadores se había extendido a otras áreas de la administración nacional. En un mundo estatal plagado de regulaciones y restricciones, la tentación de utilizar un esquema alternativo y sencillo para comprar y contratar siempre ha sido poderosa. Ocurrió con las universidades –verdaderas agencias de contratación encubiertas para el Estado– y con los programas con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. Pero en ambos casos se trataba de fondos presupuestarios, de magnitud conocida, sujetos al control y las regulaciones generales del Estado. Nunca vi algo paralelo y tan oculto como el esquema de los Entes Cooperadores.
Aunque Martirene ya no estaba en Hacienda (lamentablemente falleció en 2014), la idea de racionalizar el esquema de los Entes Cooperadores seguía presente. Con menos urgencia y más información, decidimos avanzar primero en un blanqueo general del sistema, a través de la incorporación completa y transparente de los recursos y gastos de las jurisdicciones involucradas a las cuentas presupuestarias. Después, en ocasión del tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto, se resolvería qué gastos mantener y cuáles eliminar o reasignar.
Pese a este enfoque gradualista, las reuniones de trabajo con los funcionarios del Ministerio de Justicia provocaron la inmediata reacción defensiva de las corporaciones amenazadas. El Colegio de Escribanos, ACARA y los sindicatos de empleados estatales empezaron a mostrar los dientes, rechazando cualquier cambio al sistema de Entes Cooperadores. Las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo.
Es ahora
Ahora ya estamos en 2021 y, aunque no cuento con información detallada, tiendo a pensar que el sistema de Entes Cooperadores es cada vez más grande, tanto en los fondos involucrados como en las jurisdicciones alcanzadas. Miles de millones de pesos de un Estado paralelo, sin control. Alguien me comenta que el esquema ha llegado al Ministerio de Seguridad y a un lugar impensado: la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con los documentos públicos del Presupuesto 2021, en la Oficina Anticorrupción trabajan solo 54 personas y cuenta con un presupuesto anual para todos sus gastos de $90 millones, apenas $7,5 millones por mes. ¿Es posible que la OA afronte todos sus gastos con 75.000 dólares mensuales? ¿O es la punta de un iceberg más grande, y en forma oculta y paralela a ese austero presupuesto público están ACARA y otros Entes Cooperadores financiando por debajo de la superficie más empleados, consultorías, gastos corrientes y sobresueldos?
Abro la página web de la Oficina Anticorrupción para buscar información y me encuentro con esta leyenda: “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.
Lo de la Oficina Anticorrupción financiada por ACARA debe ser un rumor infundado. Una agencia gubernamental con esta misión no podría convivir con un esquema de financiamiento de sus gastos tan opaco e irregular como el de los Entes Cooperadores.
En cualquier caso, más allá del detalle de su alcance, es inaceptable que en tiempos en los que la sociedad reclama cada vez más transparencia en el accionar del Estado, sobreviva un mecanismo con estas características. Dado su objetivo de fortalecer la ética, la transparencia y la integridad en la administración pública, la Oficina Anticorrupción debería liderar, junto a la Secretaría de Hacienda, el proceso para que en el próximo Presupuesto, el de 2022, el esquema de los Entes Cooperadores se discuta integralmente en el Congreso.
Allí se podrá evaluar si los costos de los registros pueden reducirse en beneficio de la población, revisar todos los ingresos y gastos, e incorporarlos de forma clara y transparente al presupuesto nacional. De esa forma no solo estaremos cumpliendo con las reglas básicas de la administración financiera del Estado, sino que nos sacaremos de encima a estos sorprendentes intermediarios que no fueron creados para gestionar recursos públicos.
N.G.
Un ex funcionario describió cómo Acara maneja los fondos que los dueños de autos pagan en el Registro Automotor. El texto de Nicolás Gadano en Revista Seúl.
https://ar.motor1.com/news/721217/opini ... dano-seul/
El Gobierno argentino le declaró ayer la guerra a Acara: la asociación de concesionarios, integrada por los dueños de los principales dealers de ventas de vehículos del país, quedó en la mira al ordenarse una investigación sobre los 100 millones de dólares anuales que manejan por operaciones dentro del Registro Automotor.
La noticia de ayer fue la decisión política del presidente Javier Milei de investigar esos fondos que controla un ente privado dentro de un organismo del Estado nacional. Sin embargo, la presencia de Acara dentro del Ministerio de Justicia es una situación conocida desde hace más de 40 años (ver nota de ayer). https://ar.motor1.com/news/721132/gobie ... tra-acara/
Por ese motivo, ayer se reflotó y circuló otra vez con intensidad por las redes sociales una nota de marzo de 2021. Fue escrita por Nicolás Gadano para la Revista Seúl. En el año 2000, Gadano se desempeñó durante el Gobierno del entonces presidente Fernando De La Rúa como subsecretario de Presupuesto de la Nación, dentro de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Allí se sorprendió por la presencia de personas que ocupaban oficinas y funciones dentro del Ministerio de Justicia, pero que no eran empleados estatales: sus sueldos los pagaba la asociación de concesionarios (Acara). Estas personas tenían control sobre los ingresos, compras de insumos, estadísticas y toda la operatoria diaria de los Registros del Automotor, donde se patentan y transfieren todos los vehículos que circulan por el país.
Dos décadas después de esa experiencia, Gadano rescató sus diarios de funcionario para preguntarse por la supervivencia de los llamados "Entes Cooperadores", "un esquema oscuro que hace medio siglo financia salarios por fuera del presupuesto".
Por este motivo, y con la noticia de ayer, Motor1 Argentina le pide permiso a la Revista Seúl y a Nicolás Gadano, para reproducir este texto de marzo de 2021: "La tuya siempre está".
Texto de Nicolás Gadano
Ilustración de Odeivo
Nota publicada originalmente en Revista Seúl (Marzo de 2021)
La primera vez que escuché hablar de los Entes Cooperadores fue en el año 2000, en la Secretaría de Hacienda. Tenía 33 años, era subsecretario de Presupuesto de la Nación, y dedicaba horas a explicarles a ministros y secretarios de Estado que la situación fiscal era crítica y que no había fondos disponibles para sus proyectos y planes. En una de esas reuniones, rodeado de mis colegas subsecretarios de Coordinación, me llamó la atención un chiste que le hicieron al representante del Ministerio de Justicia: “Vos sí que no tenés problemas –le dijeron–, a vos te paga ACARA”.
No entendí el chiste, no sabía qué era ACARA, pero me sorprendió la reacción del funcionario aludido. Nervioso, serio, se aseguró de cambiar de tema y cuando terminó la reunión saludó a todos con un “los dejo” casi inaudible, para irse apurado.
Esa misma tarde, Roberto Martirene, líder histórico de la Oficina Nacional de Presupuesto, me explicó con su habitual claridad el origen del comentario, que más que un chiste era una chicana. ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, era uno de los Entes Cooperadores que gestionaban un enorme esquema de financiamiento paralelo de gastos del Ministerio de Justicia. El esquema, montado sobre los Registros de la Propiedad, le permitía a Justicia contar con recursos adicionales por fuera del presupuesto. El funcionario que dejó apresurado aquella reunión en Hacienda cobraba todos los meses más que nosotros, sus colegas subsecretarios de Estado. A su salario oficial se le sumaba el plus que le pagaba ACARA.
El esquema, iniciado varias décadas atrás con el Colegio de Escribanos, funciona hasta hoy de la misma manera: al administrar los Registros de la Propiedad (inmuebles, automotores y otros), el Ministerio de Justicia regula los montos de los cargos y aranceles que los usuarios de esos registros pagan por los trámites que allí se realizan y, con la intermediación de los entes, es finalmente el beneficiario de parte de esos recursos.
Tomemos el mundo de los automóviles y los registros automotores. Todos quienes tuvimos alguna vez que comprar o vender un auto sufrimos los costos elevados de esos trámites. Los ingresos millonarios que allí se generan son tan importantes, que no solo financian al propio negocio de los registros privados diseminados por todo el país (con un reparto siempre sospechado de responder a favores personales, familiares o políticos), sino también a otro negocio, menos conocido, administrado por ACARA para el Ministerio de Justicia.
Con los fondos netos de los gastos de los registros, en el marco de “convenios de cooperación” firmados con el propio ministerio que los regula, ACARA gestiona un universo amplio de gastos por cuenta y orden de Justicia: sobresueldos para sus funcionarios y empleados, pasajes y viáticos, compra de insumos, hasta se ocupan de las obras de infraestructura para la construcción y remodelación de inmuebles.
¿Se trata de un esquema ilegal? No. Varias leyes vigentes le dan respaldo. El decreto-ley de Onganía 17.050 de 1966 había facultado a la entonces Secretaría de Estado de Justicia a firmar un convenio de cooperación técnica y financiera entre el Registro de la Propiedad Inmueble y el Colegio de Escribanos. El convenio puso a funcionar todo lo que vino después: el Colegio de Escribanos prestaba su “cooperación técnica y financiera” a Justicia, utilizando los recursos que los usuarios pagaban por los trámites en el Registro. En 1985/86, ya en democracia, el esquema se extendió al Registro de la Propiedad Automotor con la aprobación de las leyes 23.283 y 23.412, siempre en el ámbito de la Secretaría de Justicia. La ley definió de manera detallada todos los gastos que, en favor de la Secretaría de Justicia, podía hacer el Ente Cooperador en el marco de los convenios: compra y alquiler de muebles e inmuebles; locación de obras y servicios; seguros; contratación de personal; “incentivos” para el personal estatal; gastos de viajes y viáticos. Un sistema presupuestario paralelo para todos los gastos habituales de un ministerio.
¿Y la Ley de Administración Financiera Pública? ¿Y las normas de Transparencia y Ética Pública? ¿Cómo era posible que al margen del presupuesto aprobado en el Congreso, por fuera de la cuenta única del Tesoro, sin supervisión de la Secretaría de Hacienda y los organismos de control del Estado, y con montos anuales que nadie conocía, el Ministerio de Justicia contara con una gran cantidad de fondos adicionales administrados por entidades tan insólitas como el Colegio de Escribanos y la Asociación de Concesionarios de Automotores?
El primer intento
En marzo de 2001, Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía y Daniel Artana fue designado Secretario de Hacienda. Conocía a Daniel por mi experiencia como asistente en la fundación FIEL, y me quedé a acompañarlo en la Subsecretaría. Fueron solo dos semanas en las que trabajamos exclusivamente en el armado técnico de un fuerte recorte fiscal, que apuntaba a equilibrar el presupuesto y evitar el colapso que se produjo algunos meses después.
La historia de ACARA y los gastos paralelos en Justicia me había quedado dando vueltas en la cabeza y un ajuste fiscal de semejante magnitud era una oportunidad única para cambiar el sistema e incorporar esos fondos a las cuentas presupuestarias. Entretanto, el esquema de los Entes Cooperadores crecía: en esos días supimos que funcionaba también en el Ministerio de Defensa, a través del Registro Nacional de Armas.
Teníamos información imprecisa y poco tiempo, pero logramos incluir en el decreto de necesidad y urgencia de López Murphy un artículo que establecía la prohibición expresa de utilizar los recursos de los Entes Cooperadores para pagar salarios, sumas adicionales y cualquier otro gasto de los ministerios. “El monto resultante de lo dispuesto en el presente artículo deberá ser ingresado en el Tesoro Nacional”, agregaba. El objetivo no era solamente cortar los sobresueldos y otros gastos, sino que el Tesoro se apropiara de esos fondos para contribuir a la reducción del déficit fiscal.
El DNU de López Murphy se elevó a la firma del presidente y sus ministros en la tarde del viernes 16 de marzo, pero nunca llegó a promulgarse. Reviso mis archivos y encuentro el borrador de un diario personal que escribí en esos días de gestión con la Alianza.
Esta es la entrada del viernes 16:
"López Murphy empezó a hablar a eso de las 8 de la noche. Unos minutos antes, después de la reunión con periodistas, las medidas ya estaban en Reuters. Mientras hablaba el ministro, se desató una tormenta de lluvia furibunda. Desde mi despacho llamé a Pablo Gerchunoff. 'Ha tronado el escarmiento', me dijo, y quedamos en hablar después porque estaba mirando a López Murphy por la tele. Yo tenía el discurso sobre mi escritorio. 'El Gobierno no fue lo suficientemente enérgico para mantener el rumbo fiscal…', decía Ricardo. Me dio bronca; tendríamos que haber sido mucho más duros en los recortes en el Ministerio de Defensa, pensé. Me preparé para volver a casa, ya no había mucho que hacer en Hacienda. Cuando me iba hacia la cochera, llamaron de la Privada del ministro: había un problema formal con el DNU y me pedían que esperara a la gente de Legal y Técnica que se iba a cruzar a Economía para explicármelo. No podía parar de putear. ¿Un problema con el decreto? ¿Será que estos tipos van a joder con el tipo de letra y los márgenes en el medio de este quilombo? Volví a la oficina y por las dudas le pedí a la gente de Presupuesto que no se fueran, por si había que volver a imprimir el DNU".
"Mientras esperaba, me enteré de que varios ministros se negaban a firmar el decreto y presentaban su renuncia. Estábamos en una crisis política. A eso de las 10 de la noche llegó el Secretario Legal y Técnico con un par de colaboradores. Los recibimos con el Secretario de Coordinación de Economía. Tenían en sus manos el original del DNU –pude ver mis iniciales debajo a la izquierda– firmado por López Murphy y algunos ministros más: Lombardo, Colombo y Rodríguez Giavarini. 'Hay que hacerlo de nuevo, tiene dos cosas que hay que cambiar', dijeron. La primera era una pavada formal muy menor; lo importante estaba en la segunda: pretendían que anuláramos el artículo de los Entes Cooperadores. Ahí supe que el Secretario Legal y Técnico cobraba tres lucas por encima de su sueldo y que por ese plus no pagaba Ganancias. Argumentó que todos en Legal y Técnica cobraban y que sin ese estímulo la gente se iba a enojar y se les iba a trabar todo. 'En Legal y Técnica laburamos mucho, hasta cualquier hora', me dijo. 'Todos trabajamos mucho –le contesté con un nivel de calentura atroz–. Si quieren cobrar un suplemento, organicen algo bien hecho, no este mamarracho'. No los convencí, ni ellos a mí. Dejaron el DNU sobre la mesa y se fueron a Presidencia. Volví a mi oficina, guardé el DNU en el cajón con llave y me fui a casa".
El segundo intento
En 2018 volví al Ministerio de Economía, esta vez como jefe de Gabinete de Asesores. El esquema de los Entes Cooperadores no solo había sobrevivido a los intentos de Hacienda por desarmarlo, sino que se había consolidado y expandido. Supe que en Justicia ya no había solamente sobresueldos, sino también empleados "Full ACARA", es decir, trabajadores que se desempeñaban en las oficinas gubernamentales como tantos otros, pero no figuraban en las estadísticas de empleo público. Todo su salario era pagado por su empleador: la Asociación de Concesionarios de Automotores.
También descubrí que el largo brazo de los convenios con Entes Cooperadores se había extendido a otras áreas de la administración nacional. En un mundo estatal plagado de regulaciones y restricciones, la tentación de utilizar un esquema alternativo y sencillo para comprar y contratar siempre ha sido poderosa. Ocurrió con las universidades –verdaderas agencias de contratación encubiertas para el Estado– y con los programas con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. Pero en ambos casos se trataba de fondos presupuestarios, de magnitud conocida, sujetos al control y las regulaciones generales del Estado. Nunca vi algo paralelo y tan oculto como el esquema de los Entes Cooperadores.
Aunque Martirene ya no estaba en Hacienda (lamentablemente falleció en 2014), la idea de racionalizar el esquema de los Entes Cooperadores seguía presente. Con menos urgencia y más información, decidimos avanzar primero en un blanqueo general del sistema, a través de la incorporación completa y transparente de los recursos y gastos de las jurisdicciones involucradas a las cuentas presupuestarias. Después, en ocasión del tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto, se resolvería qué gastos mantener y cuáles eliminar o reasignar.
Pese a este enfoque gradualista, las reuniones de trabajo con los funcionarios del Ministerio de Justicia provocaron la inmediata reacción defensiva de las corporaciones amenazadas. El Colegio de Escribanos, ACARA y los sindicatos de empleados estatales empezaron a mostrar los dientes, rechazando cualquier cambio al sistema de Entes Cooperadores. Las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo.
Es ahora
Ahora ya estamos en 2021 y, aunque no cuento con información detallada, tiendo a pensar que el sistema de Entes Cooperadores es cada vez más grande, tanto en los fondos involucrados como en las jurisdicciones alcanzadas. Miles de millones de pesos de un Estado paralelo, sin control. Alguien me comenta que el esquema ha llegado al Ministerio de Seguridad y a un lugar impensado: la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con los documentos públicos del Presupuesto 2021, en la Oficina Anticorrupción trabajan solo 54 personas y cuenta con un presupuesto anual para todos sus gastos de $90 millones, apenas $7,5 millones por mes. ¿Es posible que la OA afronte todos sus gastos con 75.000 dólares mensuales? ¿O es la punta de un iceberg más grande, y en forma oculta y paralela a ese austero presupuesto público están ACARA y otros Entes Cooperadores financiando por debajo de la superficie más empleados, consultorías, gastos corrientes y sobresueldos?
Abro la página web de la Oficina Anticorrupción para buscar información y me encuentro con esta leyenda: “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.
Lo de la Oficina Anticorrupción financiada por ACARA debe ser un rumor infundado. Una agencia gubernamental con esta misión no podría convivir con un esquema de financiamiento de sus gastos tan opaco e irregular como el de los Entes Cooperadores.
En cualquier caso, más allá del detalle de su alcance, es inaceptable que en tiempos en los que la sociedad reclama cada vez más transparencia en el accionar del Estado, sobreviva un mecanismo con estas características. Dado su objetivo de fortalecer la ética, la transparencia y la integridad en la administración pública, la Oficina Anticorrupción debería liderar, junto a la Secretaría de Hacienda, el proceso para que en el próximo Presupuesto, el de 2022, el esquema de los Entes Cooperadores se discuta integralmente en el Congreso.
Allí se podrá evaluar si los costos de los registros pueden reducirse en beneficio de la población, revisar todos los ingresos y gastos, e incorporarlos de forma clara y transparente al presupuesto nacional. De esa forma no solo estaremos cumpliendo con las reglas básicas de la administración financiera del Estado, sino que nos sacaremos de encima a estos sorprendentes intermediarios que no fueron creados para gestionar recursos públicos.
N.G.